La implantación del nuevo sistema de tarjetas monedero para personas en condiciones de extrema vulnerabilidad está generando mucha controversia en Cantabria y fuera de las fronteras autonómicas. Como ya adelantó este medio, en nuestra región solo operan tres de las siete cadenas de supermercados que forman parte de esta iniciativa, y estos tres están presentes únicamente en 22 de los 102 municipios, principalmente en los núcleos urbanos más grandes. Ante esta situación, el PRC ha anunciado este viernes que propondrá en el Pleno del Parlamento autonómico del próximo lunes, 6 de mayo, que el Gobierno regional elabore un estudio pormenorizado sobre la implantación de estas tarjetas.
El objetivo no es solo conocer el impacto real que tendrá esta iniciativa en la Comunidad Autónoma, sino determinar las medidas correctoras necesarias y dar respuesta así a la "preocupación" generada por la implantación de este nuevo sistema de apoyo para facilitar el acceso a alimentos frescos, alimentación infantil, productos básicos de higiene y otros de primera necesidad a las personas y familias sin recursos. Los regionalistas señalan en nota de prensa que existe un "temor" de que la retirada de los apoyos a los Bancos de Alimentos y la canalización a través del sistema de tarjetas "deje fuera a muchos de los beneficiarios que hasta ahora han recibido este tipo de ayudas".
En este sentido, el PRC ha recordado que, según cálculos del Ejecutivo autonómico, el nuevo sistema implantado por el Gobierno de España y que entró en vigor el pasado 1 de mayo “podría dejar fuera hasta al 90%" de las familias vulnerables que hasta ahora accedían a este tipo de apoyos a través del Banco de Alimentos y otras asociaciones benéficas.
Asimismo, y teniendo en cuenta la implantación que tendrán estas tarjetas monedero en Cantabria, la diputada y portavoz del PRC en materia de política social, Rosa Díaz, advierte del "desafío" que supone para los usuarios el uso de la tarjeta monedero dado el desplazamiento que implica, lo cual "no sólo representa una dificultad logística, sino también un gasto adicional que no todas las personas en situación de vulnerabilidad económica están en condiciones de afrontar". También ha alertado de las consecuencias de los requisitos administrativos exigidos para obtener la tarjeta, ya que pueden "crear retrasos en la asistencia y dejar fuera del recurso a más del 70% de las familias necesitadas".
La parlamentaria regionalista cuestiona además la retirada de los fondos europeos para este fin al Banco de Alimentos, que dejará de recibir en España alrededor de 50,2 millones y verá "en riesgo su capacidad para atender a la población", al estar encomendada la gestión de la tarjeta monedero únicamente a Cruz Roja. De ahí su propuesta para que el Gobierno de Cantabria incluya en los presupuestos de 2025 una partida específica a esta organización, con el fin de garantizar su actividad "en las mismas condiciones en que la ha venido desarrollando".
Díaz espera que el resto de los grupos parlamentarios secunden su iniciativa para evitar que la implantación del nuevo sistema de suministro de alimentos "agrave aún más" la vulnerabilidad de las 5.000 personas que hasta ahora han recibido este servicio, "precisamente en un momento en el que la pobreza está creciendo en la comunidad autónoma y afecta ya al 22% de la población", según los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística.
